PNP y empresas firman protocolo de geolocalización


Según ministro del Interior, en noviembre funcionará al 100% la geolocalización de equipos móviles en caso de delitos

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y las cuatro empresas operadoras de telecomunicaciones firmaron el protocolo para la localización y geolocalización de teléfonos móviles, sin la autorización de un juez, conocida como 'Ley Stalker', en casos de actividades delictivas como la extorsión y el secuestro.

Dicho documento detalla las etapas del procedimiento de geolocalización, el cual iniciará con la denuncia en la comisaría, desde donde se remitirá a las unidades de investigación policial, a la Dirincri y luego a un fiscal para la obtener la convalidación judicial del operativo.

Según precisó Pérez Guadalupe, el fiscal deberá convalidar "que el delito flagrante, que la sanción del delito que se investiga sea mayor de 4 años y que la geolocalización sea necesaria para la investigación". Este proceso deberá hacerse en menos de 24 horas de cometido el delito.

Una vez aprobado esto, se envía la respectiva solicitud a las operadoras de telefonía para proceder a la geolocalización del aparato móvil.

El protocolo fue firmado por Telefónica, Claro, Entel y Bitel, las cuatro empresas operadoras del servicio de telefonía que brindan sus servicios en el Perú.

CAPACITARÁN A POLICÍAS

Pérez Guadalupe informó que cincuenta agentes de la Unidad Especializada de la PNP iniciarán un curso de capacitación a cargo de profesores tanto del Ministerio del Interior como de las cuatro empresas operadoras. Se espera que en dos semanas, otros 200 policías de todo el país participen en el curso.

"Para noviembre ya tendremos funcionando al 100% este sistema de geolocalización", agregó Pérez Guadalupe.

En julio pasado, el Gobierno aprobó el Decreto Legislativo 1182 permite a la policía solicitar a las empresas operadoras de telecomunicaciones la localización y geolocalización de celulares u otros equipos electrónicos. Tiene como objetivo que se conozca la ubicación de las personas que cometen delitos como extorsión, secuestro, homicidio calificado y otros.